El informe analiza 800 comentarios para profundizar la expresión de los discursos de odio hacia mujeres candidatas.

Bajo la Lupa DigitalYa está disponible la primera edición de nuestra bitácora informativa de observación sobre violencia digital hacia mujeres políticas.En esta entrega encontrarás: Resultados de las elecciones y asambleístas electas. Estadísticas de paridad, brecha de género y representación territorial. Plataformas digitales más usadas y presencia en redes de la nueva Asamblea Legislativa. Descúbrelo aquí

El monitoreo de Lupa Digital sobre violencia política digital en Bolivia revela un panorama alarmante para las mujeres que participan en la arena electoral. Entre enero y julio de 2025, se registraron cientos de publicaciones que incurren en ataques tipificados en la Ley 243, dirigidos a candidatas, autoridades y figuras públicas. Entre ellas, nueve concentran la mayor parte de las agresiones.

En Bolivia, la violencia política contra las mujeres ha adoptado nuevas formas en el entorno digital, intensificando el hostigamiento y la presión sobre quienes participan en la vida pública. Según el monitoreo de violencia política digital realizado por Lupa Digital, el 26,4 % de las publicaciones con contenido de violencia política, tipificada en la Ley 243, contienen mensajes y acciones orientadas a presionar a mujeres en política para que renuncien a sus cargos o candidaturas.

Los hallazgos más recientes de nuestro monitoreo de violencia política digital hacia mujeres candidatas y políticas en Bolivia, revela un patrón preocupante, la mayor parte del contenido hostil proviene de cuentas sin trazabilidad clara, mientras las estrategias más comunes para atacar a candidatas y autoridades se basan en el desprestigio y la manipulación de la información.

El presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, calificó el fallo como histórico: “marca un antes y un después para garantizar plenamente los derechos de las mujeres”, afirmó durante la presentación en la UPEA de El Alto. Por su parte, el decano Yván Espada explicó que, si el candidato a la presidencia es hombre, la vicepresidencia debe ser ocupada por una mujer, y viceversa.

Tras la publicación oficial de las listas de candidaturas para las elecciones del 17 de agosto de 2025, se inscribieron 10 binomios presidenciales (al mes de agosto solo quedan 8),  junto con postulaciones para ocupar cargos legislativos en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.

En el actual contexto electoral, se hacen cada vez más evidentes los discursos de odio y los ataques en línea dirigidos, en su mayoría, hacia mujeres candidatas. La violencia política digital de género no es un fenómeno aislado, sino una estrategia sistemática que busca silenciar, deslegitimar y expulsar a las mujeres del espacio público. A diferencia de los varones, a las mujeres políticas se les ataca desde una lógica patriarcal que cuestiona el ejercicio de sus derechos políticos, utilizando discursos que apelan a su vida privada, su maternidad, su apariencia, hasta su vida sexual en lugar de debatir ideas o capacidades. Frente a este tipo de violencia, que muchas veces se naturaliza o minimiza, urge fortalecer herramientas de defensa y cuidado que respondan desde una mirada feminista y colectiva. En respuesta a esta realidad, Oxfam y Fundación Internet Bolivia han desarrollado una Guia de Seguridad Digital para mujeres políticas, que les permita que  identificar riesgos, prevenir ataques y fortalecer la autonomía digital. 

Entre 2018 y 2023 se registraron 600 casos de acoso político, destacando presiones para renuncias, difamación y discriminación. El 60% de candidatas reportó violencia política digital en 2020, mientras el 73% evitó publicar en redes por temor a agresiones. Esta violencia se manifiesta con desprestigio, amenazas, suplantación, manipulación de información y sexualización, variando según edad, origen y territorio. La violencia política digital no solo afecta su reputación y permanencia en cargos, sino que busca silenciarlas, restringir su libertad de expresión y aislarlas del espacio público. Sus efectos trascienden lo virtual, generando ansiedad, retraimiento y pérdida de motivación política.

El aumento de la violencia digital coincide temporalmente con el avance de movimientos feministas en la región, el crecimiento de gobiernos con tendencias autoritarias y grupos antiderechos y la profesionalización de la desinformación mediante granjas de trolls. Estas agresiones tienen impactos tangibles: el 80% de las mujeres limitó su expresión en redes sociales, el 40% modificó sus líneas de investigación periodística o activismo, el 25% perdió empleos o contratos, y en dos casos extremos las víctimas debieron abandonar sus países.

Entre mayo y julio, tras la oficialización de las listas de candidaturas, se registró un incremento en la presencia de candidatas titulares en redes sociales, aunque este avance sigue siendo insuficiente. De las 474 candidatas registradas, solo 146 mantienen perfiles activos en Facebook. En otras plataformas, la brecha es aún más evidente: TikTok, a pesar de su creciente popularidad, es utilizada solo por el 29% de las candidatas, mientras que en X/Twitter la participación es mínima, con apenas un 3% de actividad. Esta última red continúa siendo la más compleja de utilizar y con mayor prevalencia en violencia política digital contra la participación política de las mujeres en Bolivia.

La violencia política digital en Bolivia se nutre de polarización, racismo y narrativas machistas que deslegitiman a las mujeres en el poder. En redes, el efecto de desinhibición fomenta agresiones que las acusan de fingir o “hacerse las víctimas”, normalizando la violencia y culpabilizando a las afectadas. Este acoso impacta más a mujeres jóvenes e indígenas, quienes enfrentan insultos racistas y sexistas que buscan expulsarlas del espacio público. La falta de empatía, impunidad institucional y brecha digital refuerzan su vulnerabilidad. Así, la violencia no solo daña a las víctimas directas, sino que intimida a todas las mujeres que aspiran a participar políticamente.