Análisis de casos de Violencia Política Digital en Bolivia

Análisis de casos de Violencia Política Digital en Bolivia

6 de agosto de 2025

Según el estudio “Entre la polarización y la impunidad: acoso y violencia política facilitada por la tecnología” realizado por Oxfam y Fundación Internet Bolivia,  analiza la participación política de las mujeres en Bolivia y su relación con el acoso y la violencia digital política.

A pesar de tres grandes obstáculos, la ausencia de normas, la implementación de cuotas y la actual paridad, las mujeres lograron mayor presencia en espacios de decisión, impulsadas por leyes como la de Cuotas (1997), la CPE (2009) y la Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política (2012), pionera en la región. Aunque Bolivia ocupa el puesto 42 en participación femenina según el World Economic Forum, persisten estructuras machistas que limitan su ejercicio político.

Entre 2018 y 2023 se registraron 600 casos de acoso político, destacando presiones para renuncias, difamación y discriminación. El 60% de candidatas reportó violencia política digital en 2020, mientras el 73% evitó publicar en redes por temor a agresiones. Esta violencia se manifiesta con desprestigio, amenazas, suplantación, manipulación de información y sexualización, variando según edad, origen y territorio.

La violencia política digital no solo afecta su reputación y permanencia en cargos, sino que busca silenciarlas, restringir su libertad de expresión y aislarlas del espacio público. Sus efectos trascienden lo virtual, generando ansiedad, retraimiento y pérdida de motivación política.

Se monitorearon redes sociales de 25 mujeres políticas para analizar discursos de odio, interacción y formas de violencia digital. El estudio se centró en 14 de ellas con presencia activa en Facebook, TikTok y X/Twitter. Se evidenció que mayor visibilidad implica mayor riesgo de acoso, aunque incluso quienes no usan redes, como Lidia Paty, sufren ataques mediante cuentas falsas. Los insultos, campañas de desprestigio, uso no autorizado de imágenes y suplantación de identidad fueron recurrentes, afectando especialmente a Eva Copa e Iris Flores, quienes cerraron sus cuentas. Las agresiones aumentan cuando denuncian, fiscalizan o desafían estructuras de poder.

A continuación, se describen los hallazgos del monitoreo de 4 mujeres políticas:

Eva Copa: alcaldesa de El Alto desde 2021, asumió con un amplio respaldo ciudadano (67%), pero desde su presidencia del Senado en 2019 ha sido blanco de violencia política digital. Tras romper con el MAS y postular con Jallalla, enfrentó campañas de desprestigio que la tildaron de “traidora”, intensificadas durante su gestión municipal. Los ataques incluyen insultos racistas, sexistas y clasistas, además de la difusión de contenido íntimo falso, suplantación de identidad y burlas sobre su apariencia. En un video en vivo de julio de 2023, los comentarios ofensivos superaron a los de apoyo, demostrando acoso digital organizado que busca su renuncia. Estas narrativas refuerzan estereotipos de género, cuestionan su capacidad laboral, la asocian con traiciones políticas y afectan su imagen mediante la difusión de contenido sexual. A pesar de su intento de dialogar con la ciudadanía, el hostigamiento digital limita su comunicación y legítima llamados a un revocatorio en curso, evidenciando cómo la violencia digital busca expulsar a las mujeres del espacio público.

Lidia Patty: vicecónsul de Bolivia en Argentina y ex diputada del MAS, ganó notoriedad en 2020 al denunciar a Jeanine Áñez por el caso “Golpe de Estado”. Desde entonces enfrenta violencia política digital caracterizada por racismo y misoginia. Aunque no tiene redes sociales, existen cuentas falsas y grupos que difunden memes, fotos editadas y contenido sexualizado para burlarse de su apariencia y vestimenta kallawaya. Las publicaciones cuestionan su capacidad laboral, asociándola con figuras masculinas de su partido y deslegitimando sus cargos. Los insultos, frecuentemente en lenguas originarias, refuerzan estereotipos racistas y de género. Este hostigamiento persistente ha normalizado el racismo y el desprestigio contra su figura pública.

Muriel Cruz, asambleísta del MAS en Santa Cruz, el 9 de junio de 2023 sufrió una brutal agresión por parte de un grupo de mujeres durante un bloqueo, quedando hospitalizada y con graves secuelas. El hecho, grabado en video, generó reacciones polarizadas en redes, muchos comentarios justificaron o celebraron la violencia, invisibilizando su gravedad. La cobertura mediática, en algunos casos, minimizó la agresión, priorizando teorías que la calificaban de montaje. En redes, fue blanco de ataques masivos, desinformación, insultos y amenazas de muerte contra ella y su familia. La violencia física se acompañó de acoso digital, robo de su celular y falta de garantías institucionales.

Andrea Barrientos: senadora de Cochabamba por Comunidad Ciudadana, fue agredida el 2023 en Sipe Sipe cuando fiscalizaba un hospital. El alcalde Félix Galarza incitó a comunarios a atacarla, generando empujones y golpes. El video del hecho, difundido por Los Tiempos, obtuvo más de 1.000 comentarios y 651 compartidos. En redes, muchas reacciones minimizaron o celebraron la violencia, reflejando polarización y falta de empatía. Los comentarios incluyeron insultos sexistas, racistas y alusiones a su rol en los conflictos de 2019, culpabilizándola de la agresión. Aunque recibe apoyo digital por su activa interacción en redes, también enfrenta acoso y desprestigio que buscan silenciar su labor política.

La violencia política digital en Bolivia se nutre de polarización, racismo y narrativas machistas que deslegitiman a las mujeres en el poder. En redes, el efecto de desinhibición fomenta agresiones que las acusan de fingir o “hacerse las víctimas”, normalizando la violencia y culpabilizando a las afectadas. Este acoso impacta más a mujeres jóvenes e indígenas, quienes enfrentan insultos racistas y sexistas que buscan expulsarlas del espacio público. La falta de empatía, impunidad institucional y brecha digital refuerzan su vulnerabilidad. Así, la violencia no solo daña a las víctimas directas, sino que intimida a todas las mujeres que aspiran a participar políticamente.

 

Para profundizar en los estudios de caso, puedes revisar:

Eva Copa, Andrea Barrientos, Muriel CruzLidia Patty

Para acceder al estudio completo: 

Entre la Polarización y la impunidad

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