Conoce más de la Violencia Digital
El acoso y la violencia política (AVP) son obstáculos para la participación de las mujeres en la vida pública y el ejercicio de sus derechos políticos. Algunas de sus manifestaciones incluyen presiones para que renuncien a sus cargos, difamación pública, discriminación y amenazas, limitando su acceso y permanencia en espacios de decisión.
La tecnología digital ha transformado la participación política al hacer más fácil comunicarse con la ciudadanía y difundir propuestas. Sin embargo, también ha generado nuevas formas de agresión.
El acoso y la violencia política digital se refiere al uso de herramientas digitales para hostigar, difamar, amenazar o desacreditar a mujeres que participan en política, con el objetivo de silenciarlas y limitar su participación.
¿Cómo se manifiesta la violencia digital contra las mujeres políticas?
El estudio del acoso y violencia política en Bolivia está relacionado con el incremento de la participación de mujeres como candidatas y autoridades políticas. Existen algunos hitos importantes a nivel normativo que ayudan a comprender el devenir de las mujeres en la política boliviana.
Hitos relevantes relacionados con la participación de las mujeres
Fuente: El acoso y la violencia política hacia las mujeres en Bolivia. Avances formales y desafíos reales para la igualdad - 2013 y La paridad más allá de la paridad - 2022
En Bolivia, el camino hacia la paridad democrática está marcado por un sistema político androcéntrico donde el acoso y la violencia política contra las mujeres representan graves obstáculos a su participación pública. A pesar de contar con leyes innovadoras, como la Ley 243, los casos no solo persisten sino que aumentan, con 600 reportes entre 2018 y 2023 según la Defensoría del Pueblo y ACOBOL.
Las principales formas de violencia incluyen presiones para renunciar, difamación, discriminación y agresiones físicas o incluso letales. Las causas más frecuentes están ligadas a actividades de fiscalización y a prácticas como el reemplazo forzado de mujeres electas por sus suplentes varones.
Esta violencia tiene también una expresión digital, conocida como violencia política digital que se ejerce mediante el uso de TIC, redes sociales y correo electrónico.
Este tipo de violencia busca silenciar, desprestigiar y excluir a las mujeres del ámbito político, reproduciendo mecanismos de subordinación de género. Durante las elecciones de 2020 en Bolivia, el 60.3% de las candidatas encuestadas reportaron haber sufrido Violencia política digital aunque el 90% no buscó ayuda. Además, el 73% evitó publicar contenido político por temor a represalias. Esta violencia varía según edad, origen étnico y territorio, lo que demuestra su carácter interseccional.
Estudios en otros países como Colombia, Honduras y Costa Rica refuerzan la gravedad del fenómeno. En Colombia, la violencia digital hacia candidatas incluyó amenazas, suplantación de identidad, manipulación de información y ataques por su género, etnicidad o afiliación política. En Centroamérica, el monitoreo de redes evidenció agresiones masivas con insultos misóginos y descalificaciones directas a las capacidades de las candidatas.
El estudio Entre la impunidad y la polarización: acoso y violencia política digital en Bolivia revela que muchas mujeres políticas en Bolivia no confían en el sistema judicial ni consideran útil denunciar la violencia política, especialmente la digital, debido a la inacción institucional. Aunque están presentes en Internet, su participación es limitada y cautelosa, y suele reducirse tras los periodos electorales por el acoso sufrido. Las mujeres indígenas enfrentan mayores barreras para apropiarse de las tecnologías, ampliando la brecha digital y su exposición a violencia sin contar con herramientas de protección adecuadas.
Las entrevistadas reconocen que, frente a la falta de justicia, muchas terminan naturalizando la violencia como parte de su ejercicio político. Aunque algunas recurren a redes de apoyo personales, todavía no existen espacios colectivos sólidos para compartir estrategias de autocuidado o respuesta.
Los ataques en redes incluyen insultos, desinformación, acoso con contenido sexual o clasista, y presiones para abandonar el espacio público. Se reproducen mandatos patriarcales que relegan a las mujeres al ámbito privado, y las redes sociales se convierten en escenarios donde se cuestiona su rol político, afectando su libertad de expresión y calidad democrática.
En conclusión, la violencia política digital busca silenciar y expulsar a las mujeres del espacio público, vulnera su bienestar y limita su agencia política. Abordarla requiere una respuesta integral del Estado, partidos, sociedad civil y actores políticos, centrada en el cuidado colectivo, la justicia y la defensa de la participación libre y plena de las mujeres.
