María (nombre cambiado por seguridad), una mujer política boliviana, revisaba su teléfono una mañana cuando encontró más decenas de mensajes directos en su cuenta de facebook. "Put@, te vamos a encontrar", decía uno. "Tu hija debería tener cuidado al salir de la escuela", amenazaba otro. Los ataques comenzaron después de que publicara una investigación sobre corrupción política en su municipio. Hoy, María ya no escribe sobre ciertos temas y sobre todo se ha limitado en sus acciones de fiscalización. Su caso no es único: es la regla en una América Latina donde la violencia política digital contra mujeres con voz pública se ha convertido en una epidemia con consecuencias reales.
El creciente uso de Internet en la vida diaria, intensificado por las restricciones impuestas durante la pandemia de COVID-19, ha resaltado la urgente necesidad de abordar la violencia política digital, particularmente contra las mujeres. Un informe de la OEA (2021) señala que, con las restricciones de movilidad y los confinamientos, la violencia de género facilitada por la tecnología ha aumentado a medida que más mujeres y niñas participan en espacios digitales. Este fenómeno global es particularmente agudo contra mujeres activistas, defensoras de derechos humanos y mujeres políticas, quienes a menudo enfrentan niveles desproporcionadamente altos de agresión.
Así también lo demuestra uno de los estudios cualitativos más extensos, realizados hasta el momento en América Latina y el Caribe por ONU Mujeres (2022). El estudio indaga en 15 casos, con entrevistas en profundidad y semiestructuradas a mujeres con voz pública en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Todas ellas han recibido fuertes ataques en línea, por su condición de mujer, a raíz de su actividad periodística y sus activismos.
Entre los principales hallazgos, se encuentra que la violencia política digital evidencia patrones coordinadores de ataque que trascienden el ámbito virtual para convertirse en amenazas concretas que tienen la finalidad de silenciar la voz de las mujeres y sacarlas de la esfera pública. Algunos datos son contundentes: el 86% de las entrevistadas identificó ataques coordinados con uso de hashtags específicos y participación simultánea de cuentas anónimas y verificadas; el 80% recibió amenazas directas de violencia sexual; el 60% sufrió doxeo (difusión de datos personales); y el 73% fue víctima de campañas de desprestigio con noticias falsas.
Fuente: Elaboración propia en base a la investigación “Violencia de género en línea hacia mujeres con voz pública. Impacto en la libertad de expresión”, 2022.
Estas agresiones tienen impactos tangibles: el 80% de las mujeres limitó su expresión en redes sociales, el 40% modificó sus líneas de investigación periodística o activismo, el 25% perdió empleos o contratos, y en dos casos extremos las víctimas debieron abandonar sus países.
Fuente: Elaboración propia en base a la investigación “Violencia de género en línea hacia mujeres con voz pública. Impacto en la libertad de expresión”, 2022.
El aumento de la violencia digital coincide temporalmente con el avance de movimientos feministas en la región, el crecimiento de gobiernos con tendencias autoritarias y grupos antiderechos y la profesionalización de la desinformación mediante granjas de trolls.
Frente a esta realidad, el estudio plantea recomendaciones urgentes, como el desarrollo de protocolos de alerta temprana para ataques coordinados, documentar conexiones entre cuentas agresoras y actores de poder, exigir transparencia a plataformas digitales sobre mecanismos de reporte, y promover legislación que tipifique específicamente la violencia digital de género, siendo que muy pocos países de la región han tipificado este delito. El informe concluye evidenciando cómo esta violencia erosiona no solo los derechos individuales de las mujeres, sino la calidad democrática de toda la región.
