Tras la publicación oficial de las listas de candidaturas para las elecciones del 17 de agosto de 2025, se inscribieron 10 binomios presidenciales (al mes de agosto solo quedan 8), junto con postulaciones para ocupar cargos legislativos en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.
La primera lista, presentada en mayo, mostraba cifras alentadoras: una distribución casi perfecta en términos de paridad, particularmente en las diputaciones, donde las mujeres aparecían con una alta presencia en cargos titulares, se registraron 3.290 candidaturas, donde 1.636 eran mujeres y 1.654 eran hombres. Sin embargo, un análisis más profundo, y la posterior actualización de listas al 13 de julio, revela que la paridad no es un término suficientemente amplio para describir las complejas desigualdades de género en el contexto político.
Si bien, durante el periodo entre ambas listas se registraron renuncias, inhabilitaciones y el retiro de algunas fuerzas políticas, lo que provocó una reconfiguración importante, estos ajustes no impactaron de forma significativa en la paridad de género, tomando en cuenta que hubo una disminución del 1,2% en el porcentaje de candidatas mujeres, que bajó de un 49,72% en la primera lista a 48,5% de la segunda lista. Sin embargo, esta aparente paridad puede encubrir otras formas en las que se sostiene la desigualdad en la representación de género.
En las candidaturas a senadurías, desde el inicio las mujeres tuvieron menor presencia en cargos titulares y esta situación no mejoró en la segunda lista. Aunque algunos partidos mantuvieron una representación femenina destacada, como el MAS (52,70%) y Alianza Unidad (51,63%), otros partidos continuaron rezagados, como Libertad y Progreso ADN (42,8%) y el Partido Demócrata Cristiano (46,7%).
De esta forma, se observa que el avance hacia la paridad no es homogéneo y aún se evidencia resistencia o complicaciones a garantizar la representación femenina en las candidaturas de senadurías y diputaciones.
Fuente: Elaboración propia con listas de candidaturas por género.
A pesar que la Ley de Organizaciones Políticas N.º 1096, que busca garantizar la participación equitativa, se cumple formalmente; en la práctica los partidos aplican estrategias que limitan la incidencia real de las mujeres. Muchas son ubicadas en cargos con pocas probabilidades de ser electas o en posiciones suplentes, donde sus posibilidades de ejercer liderazgo son reducidas. En el caso de las diputaciones, aunque normativamente los suplentes tienen los mismos derechos, en la práctica su participación es baja: asisten en promedio a una sesión parlamentaria al mes y no pueden ocupar cargos de presidencia o secretarías.
Además, en contextos de democracia comunitaria se observa la práctica de la “gestión compartida”, donde mujeres titulares, por acuerdo, deben renunciar a mitad de mandato, cediendo su puesto al suplente que por lo general es hombre. Esta práctica, lejos de garantizar paridad, perpetúa la exclusión femenina del poder real.
Paralelamente, entre mayo y julio, el aumento significativo de la presencia digital de las candidatas. Muchas más mujeres activaron cuentas en Facebook, TikTok, X/Twitter e Instagram. En algunos partidos, como Alianza Libre o Alianza Popular, el número de candidatas con presencia digital se multiplicó, mientras que el MAS también registró un aumento. Este giro responde a la necesidad de visibilizar sus campañas electorales en un corto tiempo. TikTok, en particular, se consolidó como herramienta para conectar con votantes jóvenes, permitiendo a las candidatas mostrar un discurso más cercano.
Sin embargo, esta exposición digital viene acompañada de mayores riesgos. Las mujeres en política son objeto de violencia política digital: insultos sexistas, racistas, campañas de desprestigio y ataques a su vida privada. Los comentarios hostiles superan a los mensajes de apoyo y generan un entorno violento que desalienta su participación. En muchos casos, el acoso busca directamente que abandonen sus cargos o renuncien a postular.
Además, las narrativas machistas en redes sostienen que las mujeres “exageran” o “se victimizan”, justificando la violencia y reforzando estereotipos que deslegitiman su rol. La discriminación es selectiva: se condena solo cuando la víctima no pertenece a partidos adversarios, y es más agresiva contra mujeres indígenas o jóvenes, quienes sufren insultos en lenguas originarias y burlas sobre su apariencia o vestimenta.
Aunque los números pueden mostrar los avances en paridad, existen retrocesos en las candidaturas a senadurías y diputaciones plurinominales. La representación femenina sigue siendo menor en espacios de mayor poder y, aun cuando logran visibilidad en redes, esta se convierte en otro frente de agresión. La paridad, por tanto, se mantiene más en cifras, mientras que en la práctica aún no se alcanza una participación equitativa de género. Este escenario demuestra la necesidad urgente de mecanismos que no solo aseguren el acceso de las mujeres a candidaturas titulares, sino que también protejan su permanencia y participación efectiva, tanto en el ejercicio legislativo como en el ámbito digital, donde hoy se libra gran parte de la política
Referencias:
Vulneración a los Derechos Políticos de las Mujeres
