Entre el 15 de febrero y el 18 de marzo de 2026, en el marco de la campaña para las elecciones subnacionales de Bolivia, el monitoreo parcial de la Lupa Digital analizó 426 registros de violencia política digital dirigidos hacia mujeres con exposición pública. El 63% (268 registros) se concentraron en Facebook, mientras que el 37% (158 registros) ocurrieron en TikTok.
Estos hechos fueron clasificados en tres grandes tipos:
Estereotipos como mecanismo de exclusión: 349 registros (82%).
Deslegitimación y difamación: 75 registros (17.5%).
Amenazas directas: 2 registros (0.5%).
Lejos de ser un fenómeno uniforme, el análisis de estos casos específicos muestra que la violencia digital opera a través de mecanismos deslegitimación política que se articulan de manera diferencial según el perfil, la trayectoria y las transgresiones que cada mujer representa. Algunas son atacadas mediante el descrédito directo de su palabra; otras, a través de la cosificación extrema de su cuerpo; y otras, mediante la estigmatización ideológica. En todos los casos, la violencia no solo afecta a la persona que la recibe: produce un mapa de lo posible, definiendo quién puede participar en la esfera pública y bajo qué condiciones de hostilidad debe hacerlo.
Cuatro patrones, cuatro formas de atacar
A partir del análisis de los 426 registros de violencia política digital, se identifican patrones diferenciados de ataque focalizados en cuatro mujeres con alta exposición pública: Luciana Campero, Durby Blanco, Andrea Barrientos y Mayté Flores. Cada patrón corresponde a una estrategia de deslegitimación activada en función de la intersección entre su trayectoria política y los mandatos de género que desafían.
1. Deslegitimación por descrédito político directo
En el caso de Luciana Campero, candidata a la alcaldía de Tarija, la violencia se concentró en el cuestionamiento sistemático de su credibilidad y su posicionamiento político. Este ataque se desarrolla en un contexto clave: las alianzas electorales posteriores a las elecciones nacionales de 2025 reconfiguraron las lealtades partidarias en un escenario de alta polarización.
De los 40 registros identificados, 24 (60%) corresponden a deslegitimación y difamación discursiva, la proporción más alta de este tipo de ataque en todo el monitoreo. Las acusaciones de "mentira", "inutilidad" y la etiqueta "masista" operan aquí como un significante vacío de descalificación inmediata, más allá de la filiación real de la candidata. Su función es anular su voz política mediante la asociación forzada con un universo ideológico del que ella se distancia. A esto se suma el llamado recurrente al "voto castigo", que condensa la narrativa de que su derrota debe funcionar como un escarmiento público.
Este desplazamiento discursivo —desdibujar su trayectoria de oposición para fijarla en el rol de adversaria "masista"— evidencia cómo la polarización extrema estrecha los márgenes de lo decible: cualquier matiz o distancia crítica con las posturas más radicalizadas es castigada simbólicamente con la etiqueta del enemigo político.
Aunque en menor medida (15 registros), los estereotipos misóginos y clasistas ("loca", "imilla jailona") refuerzan esta narrativa de incapacidad, añadiendo una capa de violencia basada en género que busca ridiculizar su autoridad. Dato crítico: Precisamente en este clima de deslegitimación constante, el caso de Campero concentró una de las dos únicas amenazas de violencia física registradas en este monitoreo. Este salto cualitativo evidencia un patrón preocupante: la escalada de la violencia discursiva puede derivar en intimidación directa cuando la disputa política se intensifica y la deshumanización de la candidata se normaliza en el ecosistema digital.
2. Deslegitimación por cosificación e hipersexualización
En el caso de Mayté Flores Umaña, candidata a concejal en Santa Cruz, la violencia operó exclusivamente mediante la anulación de su agencia política al desplazar cualquier debate hacia la hipersexualización de su imagen. De los 165 registros de violencia en su contra, 137 (83%) corresponden a cosificación e hipersexualización, representando prácticamente la totalidad de esta forma de agresión en el monitoreo (142 casos globales).
Los comentarios la redujeron sistemáticamente a un objeto de consumo sexual con términos como "clientes", "cariñosa", "pieza", "cocho" o "gratis". Esta violencia no discute su programa ni su capacidad, sino que activa un repertorio de estigmas asociados a su trayectoria pública –vinculada a la exposición de su imagen– para negar de raíz cualquier legitimidad política. A diferencia de otros perfiles, los ataques ideológicos son casi inexistentes; el ataque es ontológico: se niega su derecho a existir en política por ser quien es.
3. Deslegitimación por estigmatización de género y mandatos
Durby Andrea Blanco, Directora de Igualdad de Oportunidades, fue objeto de 84 registros de violencia. De ellos, 69 (82.1%) corresponden a estereotipos. El desencadenante a una ola de violencia en redes sociales, fue la polémica mediática por sus declaraciones sobre la decisión de no tener hijos. El ataque se estructuró en tres ejes interconectados:
Estereotipo ideológico partidario (34 casos): Etiquetas como "zurda progre" o "feminazi".
Ataques a la apariencia física (19 casos): Comentarios sobre su edad y aspecto como forma de desautorización ("32 años parece de 50").
Uso de la orientación sexual como estigma (8 casos): Afirmaciones como "es lesbiana, obvio no va a tener hijos".
El mensaje subyacente es disciplinador: una mujer que transgrede el mandato de la maternidad es presentada como una amenaza al orden social y, por tanto, no merece ocupar un cargo público. No se discute su gestión; se juzga su vida privada como argumento de inhabilitación.
4. Deslegitimación por estigmatización ideológica-partidaria
Andrea Barrientos, exviceministra de Autonomías, concentra el patrón más alto de estigmatización político-ideológica. De sus 137 registros de violencia, 119 (86.9%) son estereotipos ideológicos partidarios, contribuyendo de manera significativa a los 154 casos globales de esta forma de violencia.
Las etiquetas "masista", "zurda", "woke", "progre" y "socialista" funcionan como un mantra de descalificación automática. A este patrón se suma una campaña de desinformación (dentro de la forma de agresión de alteración o falsificación de información, 9 casos) que la acusa falsamente de ser la autora de la Ley N°348, utilizada por sectores conservadores para presentarla como una "enemiga de la familia y los hombres".
Qué nos dicen estos patrones
Estos ataques no son hechos aislados. Revelan cuatro mecanismos sistemáticos:
Negar autoridad: Se permite la presencia de mujeres en la política, pero se las somete a una maquinaria de desprestigio —cosificación, desinformación, estigmatización— que busca despojarlas de credibilidad y legitimidad.
Borrar las ideas: El debate programático es sustituido por el juicio sobre el cuerpo, la edad, la orientación sexual o la vida privada. No importa lo que propongan, sino la etiqueta que se les pueda colgar para desautorizarlas de inmediato.
Construir la otredad: Apelativos como "masista", "progre", "imilla jailona" o "cariñosa" fabrican la imagen de una mujer que no encaja, que viene de fuera, que no debería estar ahí.
Disciplinar a las demás: Cada ataque viral es una advertencia pública. Define no solo quién puede ganar, sino a qué costo emocional y simbólico se participa.
Los datos presentados en este artículo constituyen un primer avance del monitoreo de violencia política digital realizado en el marco de las elecciones subnacionales de 2026. Forman parte de una investigación más amplia desarrollada por la Fundación Internet Bolivia y Oxfam, a través del Observatorio de la Lupa Digital, que continuará visibilizando los patrones, actores y narrativas que afectan la participación política de las mujeres en el país.
